Por Alejandro Natal. Colaborador de la UMA
Incluso en el contexto de globalización y libre comercio, en el que vivimos en la actualidad, aún existen muchos países en vías de desarrollo, que tienen un modelo económico que depende en gran medida de la exportación de recursos naturales o de procesos de producción sucios, prohibidos en otros lugares. Estos gobiernos están sujetos, por un lado, a constantes presiones derivadas de las fluctuaciones del comercio internacional; y por el otro a la permanente necesidad de atraer inversiones y capitales.
Por la vorágine de los mercados bursátiles, estos gobiernos suelen prestar poca atención a si estas inversiones son limpias o no y se cede a presiones comerciales con poco cuidado a sus externalidades ambientales. Además, en muchos casos, al interior del país, las élites económicas nacionales y/o las empresas transnacionales relacionadas con la explotación o el comercio de recursos naturales clave, pueden tener una notable influencia en la política nacional (ver Torres Wong, 2019). Así, pueden favorecer procesos predatorios del medio ambiente y/o captura de rentas que deterioren los recursos ambientales. En este marco de cosas, los gobiernos aplican políticas ambientales, generalmente temerosas, débiles, desarticuladas, ineficientes, mal planificadas y que no buscan resolver de fondo los problemas del medio ambiente. Todo esto, hace que las políticas públicas medioambientales se vean en estos países como una categoría residual o de menor importancia.
Por estas razones, algunos académicos ven en la llegada de los gobiernos de izquierda una “evolución política” para el medio ambiente. Esto, porque se sostiene que los gobiernos orientados a la izquierda del espectro político, son mejores en el avance de las agendas ambientales de la sociedad, ya que están más dispuestos a enfrentar intereses creados de empresas, corporaciones transnacionales y el comercio internacional. Además, por su ideología, los gobiernos de izquierda son en general más receptivos a las necesidades y voces sociales, y por tanto más proclives a aceptar la participación de la sociedad en temas ambientales. Más aún, es de esperarse que este tipo de gobiernos contribuya, a través de distintos arreglos institucionales, a empoderar a diferentes actores societales, como las organizaciones ambientales, para enfrentar a poderes fácticos y grupos de interés o con derechos adquiridos (ver Weiss y Bustamante, 2008).
En este sentido, era de esperarse que la administración iniciada, en el 2018 en México, y que se ha presentado a si misma como un gobierno de izquierda, significara un cambio en esta dirección. Así, se habría esperado un aumento y expansión de oportunidades, espacios y arenas de participación ciudadana; además de una atención especial a las agendas ambientales de la sociedad. Más aún, la participación de las Organizaciones Ambientales debería haberse potenciado, ya que el primer Secretario de Medio Ambiente de la nueva administración, Víctor Toledo, era un reconocido académico y activista. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia de que las agendas ambientales de la sociedad hayan avanzado. Por el contrario, aunque el estudio sobre el tema aún es escaso, empieza a haber señales preocupantes que apuntan a la dirección opuesta, ya que las organizaciones ambientalistas (OA) han tenido poco acceso al dialogo con el gobierno y han visto cerradas las puertas de los espacios de planeación de políticas públicas.
Por esta razón en la UMA, iniciamos una investigación cuyo propósito es explorar en qué medida las Organizaciones Ambientales han aumentado o no sus posibilidades para influir en las políticas y la legislación en México, en la administración de López Obrador. Para contestar esta pregunta de trabajo, compararemos cómo se han expandido los espacios, formas y capacidad de incidencia de las Organizaciones Ambientales (OA) y cómo estas organizaciones han aprovechado esta ventana de oportunidad para avanzar en sus agendas. Esta investigación contribuirá a informar al debate actual, sobre si los gobiernos de izquierda son o no mejores para avanzar las agendas ambientales, y arrojará elementos que nos permitan entender mejor la economía política de la incidencia de la sociedad civil en materia ambiental.
En nuestra próxima entrega analizaremos el cómo se ha dado la relación entre los gobiernos de la izquierda latinoamericana y las organizaciones ambientalistas y explicaremos algunas de las dificultades que tienen estas para incidir en políticas públicas en la región.
“Las opiniones expresadas en este artículo son exclusiva responsabilidad de los actores y pueden no coincidir con las de la Universidad de Medio Ambiente”