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La importancia del Acuerdo de Escazú

La importancia del Acuerdo de Escazú

Por Susana Gómez Revilla Rosas. Estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

El Acuerdo de Escazú es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe.

La inquietud de la región América Latina por suscribir este Acuerdo fue planteada por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012. Basándose en el Principio 10 de la Declaración de Río, busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales.

A partir de la Declaración de Santiago de 2014, 24 países de la región iniciaron formalmente el proceso de negociación del Acuerdo, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como Secretaría Técnica para elaborar un proyecto de texto y organizar los trabajos de análisis.

Finalmente, el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, fue adoptado el texto del Acuerdo Regional, y el 27 de septiembre de 2018 fue abierto a firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, siendo firmado ese mismo día por 14 países (incluyendo a México). De acuerdo con el artículo 22 del Acuerdo, se requiere la ratificación de 11 países para su entrada en vigor, noventa días después de que esto ocurra. Hasta la fecha únicamente hace falta que un país ratifique el instrumento para alcanzar dicho requisito, pues 10 países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay) ya son Parte del Acuerdo por haberlo ratificado.

La importancia del Acuerdo de Escazú radica en que América Latina ocupa el primer lugar en niveles de riesgo para los defensores ambientales (México está entre los países que destacan). La falta de información ambiental de los Gobiernos y la falta de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia ambiental. La terrible forma en que se ha devastado la naturaleza y violado los derechos humanos. El único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). El primer tratado sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú, busca la promoción del libre acceso a la información pública en materia ambiental por parte de la ciudadanía de los Estados parte. Promueve una mayor participación ciudadana en decisiones ambientales. Fomenta la participación ciudadana en procesos de toma de decisión sobre el desarrollo. Reconoce la figura de defensor de derechos humanos en asuntos ambientales. Propone prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra defensores de los derechos ambientales. Es el primer tratado internacional que contempla medidas específicas para protegerlos.

 

México y el Acuerdo de Escazú.

A continuación, la cronología en México:

  • 27 de septiembre 2018, México firmó el Acuerdo de Escazú.
  • 13 de agosto de 2020, el Poder Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República el Acuerdo de Escazú, para iniciar el proceso constitucional para su aprobación.
  • 5 de noviembre 2020, el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República.
  • 9 de diciembre 2020, el decreto aprobatorio del Acuerdo fue publicado en el DOF, con lo cual únicamente falta depositar el instrumento de ratificación para que México se convierta en el décimo primer país en ratificarlo y permitir su entrada en vigor.

El Acuerdo de Escazú es un gran paso en la democracia ambiental. Algunos países tendrán que crear nuevas leyes y otros tendrán que reformar su legislación ambiental vigente. De cualquier forma, este tratado fortalecerá los derechos a la información, la participación y a la justicia en materia ambiental.

Pero no se nos debe de olvidar que para que los tratados internacionales cumplan su propósito, además, de quedar incorporados al Derecho nacional de cada país, deben difundirse, aplicarse y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para garantizar su cumplimiento. Solo así podremos decir que realmente América Latina está avanzando en materia de derecho ambiental y derechos humanos.

 

Bibliografía:

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.

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