El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y la participación ciudadana

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente (SEMARNAT, 2018), por lo que atiende al principio de prevención como un instrumento preventivo.

¿Cómo está regulado el PEIA?

El Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) en México, se encuentra regulado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), instrumento jurídico marco, con el objeto de contribuir a cumplimentar lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo quinto señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Sumado a lo anterior, se cuenta con el correspondiente Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), asimismo, el PEIA también se rige mediante el principio 17 de la Declaración de Río, ya que es un Tratado Internacional del cual México es parte y debe cumplir.

¿Quién implementa el PEIA?

El (PEIA) es el procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) establece los términos y condicionantes, a través de los cuales las obras y actividades que pueden causar un desequilibrio ecológico podrán ejecutarse.

En el artículo 28 de la LGEEPA se definen cuáles son las obras y actividades que deben someterse a este procedimiento a nivel federal.

Es importante tomar en consideración que, la evaluación de impacto ambiental no es solo una herramienta técnica, sino una parte esencial de la gobernanza ambiental y la toma de decisiones informadas (Hardisty, 2010).

¿Quiénes participan en el PEIA?

Los principales actores en el PEIA son los promoventes (sector público o privado) de los proyectos, la DGIRA como autoridad evaluadora, otras Autoridades u Organismos de Gobierno Federal y Estatal que dan opiniones sobre los proyectos, Centros de Investigación o Universidades que opinan sobre los proyectos, consultores y la sociedad en general.

Cada uno de ellos aporta insumos e interviene en el PEIA, siguiendo los lineamientos establecidos en la LGEEPA y en el REIA, lo anterior con el objeto de que la DGIRA emita las resoluciones administrativas correspondientes de manera fundada y motivada, mediante las cuales autorice, autorice de manera condicionada o niegue un proyecto.

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en el PEIA?

Existen varios mecanismos de participación ciudadana en el PEIA que permiten a las comunidades y a los individuos afectados expresar sus opiniones, inquietudes y propuestas relacionadas con los proyectos que se están evaluando.

Estos mecanismos son los siguientes:

• Consulta pública: la LGEEPA establece que los proyectos sujetos a EIA deben someterse a un proceso de consulta pública. Durante esta etapa, se brinda información sobre el proyecto y se permite a la ciudadanía expresar sus comentarios, preocupaciones y sugerencias. Esta consulta puede llevarse a cabo mediante audiencias públicas, mesas de diálogo u otros formatos que faciliten la participación de las comunidades locales.
• Información pública: las autoridades ambientales están obligadas a proporcionar información sobre los proyectos y los estudios de impacto ambiental a la ciudadanía. Esto permite que las personas interesadas accedan a los documentos relevantes y comprendan mejor los posibles impactos ambientales y sociales de los proyectos en evaluación.
• Reuniones informativas y talleres: en algunos casos, se llevan a cabo reuniones informativas y talleres específicos para informar a la comunidad sobre el proyecto y fomentar la participación activa. Estas reuniones proporcionan una plataforma para que los ciudadanos expresen sus preocupaciones y planteen preguntas directamente a los responsables del proyecto y a las autoridades ambientales.

Créditos de la imagen: Rosalba López González.

Conclusiones

Es importante destacar que estos mecanismos de participación ciudadana deben ser inclusivos y transparentes, permitiendo el acceso a la información y garantizando la representatividad de las comunidades afectadas. Además, se espera que las autoridades consideren seriamente los comentarios y las preocupaciones planteadas por la ciudadanía durante el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Escrito por Rosalba López González, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

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Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (última reforma de 18-11-2022), Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero de 1917, pp. 149-151 (Mex.). En: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Hardisty, P. E. (2010). Environmental assessment and management in the oil industry: A Mexico case study. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 12(03), 309-329.

SEMARNAT. (2018). Definición y objetivo de la evaluación del impacto ambiental. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/definicion-y-objetivo-de-la-evaluacion-del-impacto-ambiental.